Faustino Jiménez, director general de Arsys (empresa que ocupa una de las vicepresidencias de ANEI) ha realizado una serie de interesantes declaraciones a la cadena de televisión Telecinco.

El Gobierno incluyó en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) que ampara la desconexión extrajudicial de “servicios de la sociedad de la información” para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual.

Esta nueva razón, que se une a los cuatro supuestos de excepción ya contemplados en el artículo 8 de la LSSI, ha soliviantado a los internautas. Además, el texto obliga a los prestadores de servicios, ya sean operadoras de telecomunicaciones o proveedores de hospedaje, a “facilitar los datos de que dispongan” para facilitar la identificación necesaria para el procedimiento.

“El problema es que una mitad de la sociedad vive en el siglo XX y la otra, en el XXI. Esta medida significa que no se entiende la problemática, porque no se va a la cuestión de base. Hay que legislar a un nivel más profundo”, argumenta Faustino Jiménez, director general de Arsys. “Además, es una chapuza desde el punto de vista técnico, una barrera fácilmente salvable por los que infringen la ley. Hay que buscar soluciones, pero soluciones globales y que no afecten a los derechos de la ciudadanía”, termina.

Una nueva comisión, dependiente del ministerio de Ángeles González-Sinde y creada mediante la modificación de Ley de Propiedad Intelectual, sería el “órgano competente” para ejecutar la norma. Este órgano, que no actuaría de oficio, estudiaría si las páginas denunciadas usan o enlazan contenidos protegidos por copyright. Si la comisión cree que son prácticas recogidas en los artículos 8 u 11 de la LSSI, enviaría el asunto a un juez. Después, si no se infringen esos principios pero la web aún así utiliza o enlaza contenido protegido, procedería a avisar -en dos ocasiones- a la página web, para que desista de su actitud.

En el caso de que los infractores no hicieran caso, la comisión instaría a las empresas de alojamiento a bloquear el acceso. “Es una intromisión en el sector”, se quejan las compañías. Si el servidor, por alguna razón (como encontrarse fuera de España) decide no cortar la conexión, este órgano instaría a las operadoras españolas (Telefónica y Ono, por ejemplo) a que bloqueen el acceso a la página.

El sector del alojamiento de dominios en España, que hasta ahora sólo se había manifestado en corrillos, levanta por fin la voz. Y es que este mercado será uno de los grandes damnificados si este texto de 198 páginas sigue adelante. Por un lado, deberían informar a la comisión de cientos de datos sensibles para sus clientes, además de que el caudal de páginas que tendrían que cerrar crecería exponencialmente. “Y sin una compensación económica por intervenir en procesos judiciales, sin una recompensa por educar como peritos o testigos”, recuerda Jiménez. Sin embargo, hay otro problema aún más grave: los alojadores tendrían que cortar el servicio directamente, lo que les originaría un conflicto de intereses: o decepcionar a su propia clientela o incumplir el mandato de un órgano extrajudicial pero competente.

De todas formas, la existencia de la comisión es una dificultad añadida. “¿Qué pasará, por ejemplo, si se bloquea una página a instancias de éste órgano y luego el juez no respalda la decisión? ¿De quién será la responsabilidad del corte preventivo? Nosotros somos sensibles al problema de la propiedad intelectual, pero nos preocupan nuestros clientes”, subraya Jiménez.

Fuente: Telecinco

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